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¿Pedido legítimo o presión encubierta? El aumento que condiciona el transporte

Una vez más, el transporte público de pasajeros vuelve a ocupar el centro de la escena. Y, como ocurre desde hace años, no por mejoras en el servicio, incorporación de unidades o beneficios para los usuarios, sino por una combinación de aumentos, prórrogas, amenazas veladas y una licitación que parece avanzar a la velocidad de un colectivo en subida.

El llamado a licitación ya está sobre la mesa. Sin embargo, hasta el momento nadie habría adquirido un solo pliego. Un dato que debería encender algunas alarmas. Porque la pregunta es inevitable: ¿realmente se hizo un esfuerzo serio para atraer empresas interesadas en prestar el servicio o simplemente se cumplió con el trámite administrativo de publicar el llamado en el Boletín Oficial y algún medio local para luego decir que “nadie se presentó”?

Sería interesante saber si desde el municipio existió algún acercamiento con empresas del sector, si se realizaron consultas, reuniones o presentaciones para despertar interés en un negocio que mueve miles de pasajeros por mes. O si, por el contrario, se apostó a la cómoda resignación de seguir dependiendo de una empresa que hace años parece manejar los tiempos de la discusión a su conveniencia.

Mientras tanto, la actual prestataria vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de un aumento tarifario. Y lo hace en un contexto donde también deja trascender que, sin actualización de la tarifa, no estaría dispuesta a aceptar una nueva prórroga para continuar prestando el servicio. Cada uno sacará sus conclusiones, pero para muchos vecinos esa postura se parece bastante a una extorsión, aunque sea entre comillas.

La situación se vuelve aún más preocupante cuando se conoce que los trabajadores todavía tendrían pendiente de cobro aproximadamente un 40% de sus salarios correspondientes al mes de mayo. Es decir, una empresa que reclama mayores ingresos para sostener la prestación mientras arrastra dificultades para cumplir con obligaciones básicas.

Y en medio de este escenario aparece otro gran interrogante: ¿dónde están los concejales?

Porque cuando se trata de debatir cuestiones nacionales, emitir declaraciones simbólicas o fijar posición sobre temas que difícilmente cambien la realidad de los vecinos de Necochea, las discusiones abundan. Horas de sesiones, comunicados, cruces políticos y discursos encendidos.

Pero cuando se trata de un problema concreto que afecta diariamente a miles de ciudadanos que necesitan llegar a trabajar, estudiar o realizar trámites, el silencio parece ganar terreno.

¿Se reunieron con los usuarios? ¿Escucharon el reclamo de los barrios? ¿Convocaron a las partes para encontrar una salida definitiva? ¿O simplemente esperan que el conflicto se resuelva solo, como viene ocurriendo desde hace años?

La realidad es que el transporte público en Necochea lleva demasiado tiempo siendo pateado hacia adelante. Cada gestión hereda el problema, promete soluciones y termina dejando el expediente listo para que sea el próximo quien cargue con la responsabilidad.

Mientras tanto, los vecinos siguen esperando. Esperando colectivos, esperando definiciones, esperando una licitación que avance y esperando que alguien tome decisiones pensando en el interés público y no en la comodidad política.

Porque después de tantos años, quizás haya llegado el momento de dejar de administrar la crisis y empezar, de una vez por todas, a resolverla.