Necochea – Quequén, 28 de octubre de 2025
En mi carácter de ciudadano de esta comunidad, me veo en la obligación moral y cívica de manifestar públicamente mi más profunda preocupación y rechazo ante los hechos que se están desarrollando en el sector costero de Quequén, donde el CONICET, la Fundación Bernardino Rivadavia y distintos organismos provinciales y municipales han iniciado obras sin cumplir con los procedimientos legales, administrativos ni técnicos correspondientes.
Resulta inadmisible que se inicie una construcción en terrenos que son bienes públicos —tierras ganadas al mar, bajo dominio originario de la Provincia de Buenos Aires— sin la debida autorización formal del Estado provincial ni la intervención de las áreas competentes en Obras Públicas, Obras Privadas, Planeamiento Urbano, Medio Ambiente y Patrimonio Costero. No existen carteles de obra, no se han exhibido los permisos, los estudios de impacto ambiental, ni los planos aprobados. Nadie ha informado de dónde provienen los fondos, con qué objetivo se ejecutan ni bajo qué marco legal se desarrollan.
Nos encontramos frente a un caso paradigmático de arbitrariedad y falta de control institucional. Se han invocado autonomías y figuras jurídicas que no otorgan derecho alguno a disponer de bienes públicos sin la debida autorización. Ninguna fundación o ente descentralizado puede autoconcederse derechos sobre un bien de dominio provincial, y mucho menos transferirlos, arrendarlos o explotarlos por terceros sin violar los principios del artículo 4º de la Ley Provincial N° 14.812 (Régimen de Concesiones Administrativas), que establece claramente que el concesionario no podrá ceder ni transferir total o parcialmente la concesión sin la previa autorización del concedente.
Sin embargo, lo más grave no es solo la irregularidad administrativa, sino el precedente institucional que se genera: si el propio Estado y sus organismos actúan al margen de la ley, ¿con qué autoridad moral pueden exigir al ciudadano común el cumplimiento de las normas? Nos exigen permisos, inspecciones, habilitaciones y controles para el más mínimo emprendimiento privado, mientras que ellos, desde el poder público, hacen y deshacen sin rendir cuentas.
Esto no solo vulnera el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, sino que además degrada el sentido mismo de lo público. No puede haber una vara para el ciudadano y otra para los funcionarios. El mar, la costa, el frente ribereño, no son propiedad de ningún organismo ni de ninguna institución: pertenecen a la comunidad.
Que se sepa, que se entienda y que se recuerde: no es posible construir futuro sobre la impunidad y el silencio. Lo que hoy se tolera en nombre del “progreso” será mañana un daño irreparable a nuestro patrimonio natural, urbano y moral.
Por eso, convoco a los vecinos, a las instituciones locales, a los medios de comunicación y a las autoridades competentes a exigir explicaciones, detener toda obra sin autorización y restituir la legalidad que debe regir en cada acto del Estado.
Porque si el Estado hace lo que quiere, también el ciudadano tiene derecho a hacer lo que quiera. Y si eso ocurre, ya no hay Estado, solo desorden.
Carlos Bonserio